El tema de la educación como primer deber
del gobierno surge aparejado al proyecto político de los líderes de la
Revolución de Caracas en 1810. Perseguía dicho proyecto la creación de un
Estado Soberano de corte republicano y la conformación de una sociedad
democrática, siendo su objeto procurar la felicidad del conjunto social, y del
gobierno instituido asegurarla, “...protegiendo la mejora y perfección de las
facultades físicas y morales (del ciudadano), aumentando la esfera de sus goces
y procurándole el más justo y honesto ejercicio de sus derechos...”, que son
“..La libertad, la igualdad, la propiedad y la seguridad...”. Con esta
preceptiva de la primera Constitución, se tocaba el fondo del problema: que no
es posible que subsista la libertad y se consolide la nueva condición
republicana en la ignorancia y dentro del clima espiritual que había conformado
el absolutismo por ésta razón los líderes de la Revolución de Caracas, en la
Proclamación de los Derechos del Pueblo, el 1 de julio de 1811, declaración que
contiene elementos fundamentales de la ideología animadora de la gesta
independentista, expresan que la instrucción es necesaria y que la sociedad
debe ponerla al alcance de todos. Con semejante declaratoria se daba alto rango
social a la educación como factor modelador del temperamento republicano, y se
la colocaba como institución política fundamental del nuevo Estado/Esta
valoración de la educación para crear y consolidar condiciones favorables al
nuevo orden social propuesto, se origina directamente del pensamiento
ilustrado, que desde fines del siglo XVIII encontró en Tierra Firme buena
acogida en hombres como A. Valverde, Baltasar de los Reyes Marrero, Juan
Agustín de la Torre, Simón Rodríguez, Francisco de Andújar, Miguel José Sanz, Juan
Antonio Navarrete, que con sus ideas y proyectos durante aquellas décadas
inmediatas al 19 de abril de 1810, contribuyeron a crear y a enriquecer el
acervo educacional venezolano. Los próceres entendían que una dificultad que
obstaculizaba el proceso político independentista era la huella que había
dejado en el ánimo de los criollos los valores divulgados por el absolutismo;
vale decir, por la defectuosa educación que en opinión de Miguel José Sanz y de
Juan Germán Roscio, se había impartido en el país y a los malos hábitos que creaba
una educación que ordenaba las facultades humanas para vivir bajo la condición
de vasallos. Juan Germán Roscio observó este fenómeno de mentalidad desde el
primer momento y en 1820 (27 septiembre) en carta al general Francisco de Paula
Santander, desde Angostura, se lamentaba que la ignorancia haya permitido que
España nos hostilice “...con gente
americana, con provisiones americanas, con caballos americanos, con frailes y clérigos
americanos y con todo americano...” y como consecuencia de ésta convicción,
expresa que desde muy temprano se dedicó “...aunque
con poco fruto, a la táctica del desengaño...”. A la luz de este testimonio,
se encuentra sentido al movimiento de animación cultural y educacional
realizado durante la Primera República. Entonces se entendió que la acción
educativa era tan amplia como lo exigía la necesidad y tomaba como sujeto de su
interés a la población en general. Por eso se valieron de la prensa (Gaceta de
Caracas, Semanario de Caracas, El Patriota de Venezuela, Mercurio Venezolano,
El Publicista de Venezuela, El Patriota Venezolano, y la edición de folletos y
libros doctrinarios); se crearon o se estimuló la fundación de planteles (Universidad
de Mérida, Academia Militar de Matemáticas, Escuela Pública Náutica, cátedra de
Anatomía, Academia de Instrucción de nivel medio, cátedras de esgrima y baile,
de dibujo y pintura, y teatro); se proyecta la organización de una Biblioteca
Pública y es notable la contribución de Juan Germán Roscio para dotarla, así
como la gestión en Londres para adquirir libros; y se orienta a las Sociedades
Patrióticas de Caracas, Valencia, Puerto-Cabello y Barcelona como centros de
educación cívica: Esta estrategia, obra de Roscio, era semejante a la diseñada
en Francia en los días de la Revolución donde “...a la par de las armas marchaban
los instrumentos de persuasión (...) y todo esto más que la guillotina de Robespierre,
vino a fijar el sistema...”. Lamentablemente estas iniciativas sucumbieron a la
caída de la Primera República en 1812. Los españoles también eran conscientes
del valor de estos medios de persuasión y se conocen algunas medidas que
tomaron para mantener la lealtad de los criollos, como por ejemplo, la edición
del Catecismo de Ripalda con los artículos añadidos para la enseñanza pública,
obra del arzobispo de Caracas Narciso CoIl y Prat; y la disposición del
Reglamento General de Policía, título III, que ordenaba la enseñanza de la
Historia de España, en todos los planteles educacionales porque es “...muy
justo y necesario que los españoles de ambos hemisferios conozcan todos desde
la infancia la dignidad, virtudes y ventajas de la Nación y Gobierno a que
dichosamente pertenecen...”. Lo anterior significa que ambos bandos apreciaban
el valor de la educación como instrumento de persuasión. En el sector patriota,
y concretamente de Simón Bolívar, múltiples son los testimonios que señalan el
peligro de la ignorancia y la debilidad en que ésta había sumido a los
criollos, así como la necesidad de construirles una nueva mentalidad y
disposición de ánimo para vivir en República. Viendo el mensaje de Bolívar al Congreso
de Angostura bajo tal perspectiva, se aprecia el cabal sentido de aquello que
expresa a los legisladores, cuando les manifiesta: “...Vuestra empresa es tanto
más ímproba cuanto que teneis que constituir a hombres pervertidos por las
ilusiones del error y por incentivos nocivos...” y profundizando en esta
dirección, corona sus proposiciones de ordenamiento político y administrativo,
recomendando la constitución de un nuevo poder público, el Poder Moral para que
cuide de la primera educación del pueblo. Dentro de esta línea de crear las
instituciones educativas del nuevo Estado y de orientarlas a los fines
republicanos, se seculariza la dirección de la instrucción pública al decretar
el 21 de junio de 1820 que el gobierno de los planteles cualquiera que haya
sido el origen de su establecimiento pertenece al poder público de la
República.
En 1824 con la instalación de Joseph
Lancaster en Caracas, Bolívar abriga la esperanza, de que con la presencia de
este notable educador se inicia la materialización de sus ideas, ya que ambos
coincidían en que la emancipación de las mentes, tarea que solamente la
educación puede efectuar “...es la única medida que al parecer falta para
coronar las libertades con la plenitud de la gloria y el honor...”. Para
confirmar esta apreciación sobre la confianza de Bolívar en el poder de la
educación para producir cambios de mentalidad, es revelador el diálogo de
Bolívar con Hiram Paulding en junio de 1824:
“...yo he hecho establecer el sistema lancasteriano en
toda Colombia, y eso solo hará a la generación venidera muy superior a la
presente...”.
En 1827 a su llegada a Caracas, el
Libertador dedica parte de su tiempo a tomar medidas beneficiosas para la
marcha de la educación, entre otras la reforma del régimen estatutario de la
Universidad de Caracas y su adecuada dotación rentística, la organización de la
Subdirección de Instrucción, mecanismo para cuidar de la educación pública, y
el apoyo dado al Seminario Tridentino de Caracas. No obstante estos esfuerzos,
la situación política y bélica y, como consecuencia de ello, el deteriorado
estado de la economía, hacían inoperantes las medidas que se ponían en
práctica.
Al reconstituirse la República de Venezuela
en 1830, el cuidado de la instrucción se adscribe desde 1830 hasta 1857, al Ministerio
de Interior y Justicia, por sí o a través de la Dirección General de
Instrucción. Algunos hechos significativos sobresalen durante estos 27 años,
tales como:
a) Promulgación de la Constitución de la
República, en 1830, de orientación centro-federal: esta Constitución asignaba
responsabilidades diferenciadas en materia de educación, tanto al gobierno
central como al gobierno provincial, correspondiendo al primero promover la
educación en Colegios y Universidades y al segundo, la instrucción primaria/ La
interpretación de los correspondientes artículos constitucionales (87, numeral
17 y 161, numeral 17), “...tiró una línea
de separación fatal que puso a la enseñanza científica bajo la vigilancia y
administración inmediata del gobierno y dio a la primaria una intervención
exclusivamente municipal...”, provocando esto un abandono de la instrucción
elemental, por no disponer los gobiernos provinciales y municipales de rentas
para el sostenimiento de los planteles.
b) Creación de los Colegios Nacionales: entre
1832 y 1842 el gobierno central decreta la fundación de los siguientes colegios
nacionales: el de Trujillo, 1832; el de Margarita, 1833; el de El Tocuyo 1833;
el de Carabobo, 1833; el de Coro, 1833; el de Cumaná, 1834; el de Guayana,
1834; el de Barquisimeto 1835; el de Maracaibo, 1837; el de Calabozo, 1839; el
de Niñas de Caracas, 1840; y el de Barcelona, 1842; estos colegios se fundaron
sobre los bienes de los conventos extinguidos y con el auxilio de un subsidio
del gobierno central.
c) Organización de la Dirección General de
Instrucción Pública: este hecho se produjo tardíamente, en 1838; y durante los
años de 1830 a 1838 el ramo de la instrucción estuvo a cargo de un oficial en
el Ministerio del Interior, pues no había opinión favorable para crear la
Dirección General de Instrucción. Juzgaba el gobierno que, si bien estos
cuerpos “...pudieran ser convenientes a
la vasta República de Colombia en la extensión de Venezuela, sobre ser
impracticable su creación simultánea y uniforme, no haría otra cosa que
desvirtuar la acción protectora del Ejecutivo sobre los establecimientos de
enseñanza superior, cuya dirección reasume y ejerce por el Ministerio (...)
existiendo Colombia, debía haber en Caracas una subdirección de estudios y
aunque formada la República de Venezuela; y fijada la capital en esta ciudad,
dejaba de existir legalmente aquella; mientras que por las razones expresadas
en el párrafo anterior no se ha creado la dirección, ni la academia nacional,
ni otros cuerpos semejantes, que con el tiempo puedan plantearse...”.
La reactivación de la Dirección General de
Instrucción comienza oficialmente el 20 de enero de 1836, cuando el presidente
José María Vargas plantea la necesidad de preparar una Ley de Instrucción
Pública que derogue a la legislación educacional colombiana; sin embargo
juzgaba asimilables a la situación de Venezuela, aspectos importantes de la ley
colombiana de 1826 sobre organización de la instrucción y concretamente se
muestra partidario de mantener una Dirección General de Instrucción bajo la
autoridad inmediata del Ejecutivo para el gobierno de los establecimientos
escolares. No cabe duda que la influencia de Vargas y la necesidad del servicio
despertaron el interés del Vicepresidente en ejercicio de la presidencia Carlos
Soublette, para crear la Dirección en 1838. Este acontecimiento se registra el
17 de julio, designándose a Vargas para presidirla. La Dirección General de
Instrucción, que había realizado un trabajo de ordenación y de concientización,
funciona hasta 1854, cuando por mandato de la ley y exigencias absorbentes del
gobierno, se centraliza nuevamente en el Ministerio del Interior y Justicia el
gobierno de la educación y para el efecto, se crea una sección en aquel
Despacho. El Ministro del ramo, Simón Planas, explica las razones que privaron
para suprimir la Dirección General de Instrucción: “...parece a este Ministerio que al darse una nueva planta a la
instrucción en Venezuela, debiera suprimirse aquella, reconcentrando en el
gobierno la dirección y suprema autoridad sobre esta materia. El ejemplo de
naciones muy adelantadas persuade cuan conveniente es atribuir al Jefe de la
Administración Pública ese poder superior sobre la enseñanza, y en dichas
naciones se ha creado un Ministerio Especial con el título de Ministerio de
Instrucción Pública...”. De este modo se aprecia que en aquella
oportunidad, ya estaba en mente de personeros del gobierno la creación del
Ministerio de Instrucción. En esta época el problema de una instrucción
primaria, rudimentaria en su concepción y muy precaria en su existencia, hizo
plantear la necesidad de su fortalecimiento como recurso básico llamado a
beneficiar a la mayoría de la población, lo que hace proponer al ministro Simón
Planas la conveniencia de adoptar en Venezuela el plan seguido en Francia, que
divide la instrucción primaria en elemental y superior, comprendiendo la
elemental, instrucción moral y religiosa, lectura, escritura, cálculos y
elementos de-la lengua, que “...satisface
completamente el derecho perfecto que tiene el pueblo a que se le eduque, pues
por la enseñanza de la lectura, escritura y el cálculo se provee a las
necesidades d la vida, y por la instrucción moral y religiosa se satisface a
otro orden de necesidades tan reales como aquellas...”; y en cuanto a la
primaria superior añade “...los elementos
de geometría y sus aplicaciones usuales especialmente el dibujo lineal y
mensura; las nociones cardinales de las ciencias físicas y de la historia
natural aplicables a los usos de la vida; y los elementos de la historia y de
geografía con especialidad de la historia y geografía del país...”. También
planteaba el ministro Planas rectificar el ordenamiento administrativo y la orientación
que se daba a los colegios y universidades, encauzándolos por el camino que
sugirió en su momento Cecilio Acosta. d) Promulgación de la Ley de Educación:
este acontecimiento tuvo lugar en 1843 con la promulgación del Código de
Instrucción, proyecto que fue preparado por la Dirección General de
Instrucción, e) Secularización de la Universidad: por ley se decreta la
separación de la Universidad de Caracas del Seminario.
En el quinquenio que va de 1858 a 1863, el
ramo de la instrucción está bajo el cuidado de la Secretaria de Relaciones
Exteriores e Instrucción Pública)como consecuencia de la reordenación
administrativa de que fue objeto la administración pública por ley del 25 de
marzo de 1857 es un quinquenio en el que se acentúa la precariedad de la
educación nacional, que la conduce al grado de postración Al examinar las
Memorias de la Secretaría del Exterior, durante el período indicado, el balance
que se observa es muy desfavorable, al extremo que en 1861, la Memoria guarda
silencio sobre el estado de la instrucción primaria y Francisco González Guinán
recuerda que en sólo “...determinadas poblaciones o ciudades había algunas
escuelas Municipales y particulares...”. Sin embargo es importante destacar el
informe que presenta al Congreso de 1858 el Secretario de Relaciones Exteriores
e Instrucción Pública, Jacinto Gutiérrez, sobre el estado de los asuntos de su
competencia; “...ningún dato más ha tenido el gobierno después de lo que expuso
en las Memorias del Interior en 1856 y 1857, sobre el importantísimo ramo de
educación primaria...”; y agrega más adelante entre las causas del
empobrecimiento de las rentas de la instrucción pública, la negativa de los
propietarios de fincas a cancelar sus obligaciones por la pérdida de la mano de
obra esclava y manumisa que redujo la producción, por la escasez de brazos
debido al estrago que causó en 1855 y 1856 el cólera entre la población, y por
la desmoralización de los pocos que quieren trabajar. El informe de Jacinto
Gutiérrez analiza el hecho educacional venezolano con sutileza, penetra en la
raíz de muchos de los males que lo aquejan y observa el desequilibrio que se produce
en la sociedad por el poco interés que en la práctica se manifiesta por el
progreso de la educación elemental y el énfasis puesto en los centros de
educación universitaria. En el Ministerio de Fomento se cuidará de los asuntos
educacionales entre el 25 de julio de 1863 y el 24 de mayo de 1881, con un
paréntesis entre el 26 de julio de 1873 y el 6 de junio de 1874, cuando por
razones de organización, dichas funciones pasan a cargo del Ministerio del
Interior y Justicia.
Durante estas 2 décadas la instrucción vive
2 momentos diferentes: el uno, decadente; el otro, con Antonio Guzmán Blanco,
de repunte y ascendente. En cuanto al primer momento el Secretario de Fomento
en la Exposición que hace en la Asamblea Nacional de Venezuela en 1863, no
refiere ninguna actividad relacionada con la instrucción pública popular, como
si ésta hubiese desaparecido. Y en materia de educación superior, refiere
algunas medidas superficiales “...para
reparar las cosas al estado que tenían el 15 de marzo de 1858...”, pues “la
mano atentatoria de dos dictaduras”, decía, lo había trastornado todo. Entre
estas medidas cabe citar las que dispensan las faltas y notas penales en que
habían incurrido los alumnos de las Universidades de Caracas y Mérida, como
consecuencia de los acontecimientos políticos y militares ocurridos durante la
Guerra Federal. La radiografía sobre el estado del país y de su educación
durante aquellos días, se puede apreciar en el intercambio de cartas entre el
Rector de la Universidad de Mérida y el Ministro de Fomento. En efecto, el
Rector por comunicación del 15 de julio de 1863 solicita al gobierno el pago de
parte de lo que se adeuda a la Universidad desde 1848, y expresa a renglón
seguido que “...tan benéfico plantel se ve próximo a expirar participando en
mucho de la miseria espantosa que caracteriza la presente época...”. El
Ministro expresa al Rector, el 17 de septiembre de 1863, que “...le causa extrema pena, no poder disponer
inmediatamente que se le abone el todo o parte de lo que se le adeuda...el
gobierno ve y palpa lo que pasa y no puede poner remedio inmediatamente a los
males, porque ésos provienen de la guerra, y la guerra amenaza todavía con
todas sus calamidades...”. No obstante lo anterior, al final de la misma
década, en 1868, el ministro de fomento Nicanor Borges reactiva algunas
iniciativas, siendo la más importante la presentación al Congreso de un
proyecto de ley sobre instrucción pública que indudablemente contribuyó, junto
con otras iniciativas expresadas en los periódicos y en otras tribunas, a crear
condiciones para fecundar la iniciativa que aparece 2 años más tarde, La promulgación
del decreto del 27 de junio de 1870 por universalizar la educación primaria en
forma gratuita y obligatoria. En cambio en la década de 1870, si bien las
luchas y revoluciones no se erradican del panorama nacional, una nueva tónica
muy favorable a la educación se manifiesta a nivel gubernamental, de modo que
en 1873 se expresaba, lo que era voz pública, que la educación “...como asunto
de interés nacional no había ocupado en Venezuela la atención de ningún gobierno
anterior al presente...J Este esfuerzo cumplido consagra al presidente Guzmán
Blanco como el creador de la escuela pública nacional; y se materializa al
final del Septenio, en 1877, con la cifra de 1.146 planteles y una matrícula de
52.191 alumnos, y crea las condiciones necesarias para r2”de mayo de 1881
aparezca en el cuadro de la administración pública un nuevo Ministerio, el de
Instrucción Pública, cuya creación se justificaba “...para atender con singular
esmero al desarrollo de las ramas que la componen, imprimir mayor impulso a sus
fuerzas generadoras, levantar más aún los resultados adquiridos, y hacer más
rápida, vigorosa y expedita la acción del gobierno federal en la extensa esfera
de la enseñanza que o se difunde n la República./Mucho (decía el ministro ni al
Domi nici a andado en este camino desde aquellos tiempos, en que el Poder
Nacional contribuía con una pequeñísima suma, de ordinario insegura, para
sostener algunos colegios en las antiguas provincias, en que la instrucción
científica estaba como clausurada en las Universidades de Caracas y Mérida, y
en que la instrucción primaria, reducida a los más elementales rudimentos, se
ofrecía apenas en algún plantel municipal o particular, únicos gérmenes del
porvenir, conservados con duros sacrificios y sujetos a desaparecer las más de
las veces con las vicisitudes de la política en la inclemente atmósfera de
nuestras pasadas guerras intestinas...”. En cuanto a la Universidad, no
obstante el problema de sus fincas, recibió impulso renovador con las
iniciativas de Adolfo Ernst y de Rafael Villavicencio.
Al analizar el proceso de formación del
sistema educativo venezolano, se evidencia que las vicisitudes del mismo han
ido aparejadas a las propias del devenir político, las contingencias de éste
han repercutido muy sensiblemente en el cuerpo educacional y dej.do profundas
huellas. Con Guzmán Blanco el fomento de la instrucción popular, con las
limitaciones que existían se siente; pero en la medida en que se eclipsa del
cielo político su figura, también se debilita el esfuerzo en pro de la
instrucción, como si la suerte de la instrucción estuviese unida a la suerte
del caudillo. En marzo de 1884 al finalizar su mandato, Guzmán Blanco deja una
inscripción de 92.661 alumnos que acudían a 1.778 planteles populares.
A Guzmán Blanco le sucede Joaquín Crespo
para el bienio 1884-1886, y este mantiene en materia de política educacional,
la misma tendencia que se observa en el Quinquenio, cumpliendo de esta manera
la promesa de lealtad política al jefe del Partido Liberal. Una iniciativa que
se pone en funcionamiento en aquel bienio fue la Escuela Politécnica “...con el
propósito de imprimir a la instrucción un giro eminentemente práctico que
asegure el más pronto desarrollo de intereses industriales del país...”. A
nivel de la educación universitaria, se exhibe la habilitación o acreditación
de estudios realizados al margen de las formalidades pedagógicas tradicionales,
primera experiencia en el país de la hoy llamada “educación a distancia” o
“abierta”. Para apreciar el estado de la renta de la instrucción pública, es
significativo recordar que en 1885 el gobiern6de Crespo acudió a la caja de la
renta de instrucción para obtener el crédito que le permitiera sostener parte
de la movilización militar que requería para sofocar una nueva intentona
revolucionaria, y dentro de esta compleja situación político-militar el
ministro de Instrucción Pimentel expresaba que el ramo no sólo se había
conservado sino que había hecho progresos notables. En efecto, el número de
escuelas primarias en 1885, había ascendido a 1.934 con una matrícula de 96.868
alumnos.
Este ritmo ascendente corre peligro en 1888
cuando el presidente Juan Pablo Rojas Paúl no incluye entre sus objetivos de
política el tema de la educación; sin embargo su Ministro de Instrucción
Pública expresará que entre los asuntos preferentes del nuevo gobierno está el
de atender “. . .la libérrima institución
que fundara el General Guzmán Blanco con su inmortal decreto de 27 de Junio de
1870...”, lo que se hermana con la disposición del presidente Rojas Paúl de
“...traer a la Universidad la ciencia moderna, cueste lo que costare, y deducir
de ella todas las aplicaciones fecundas que pueda ofrecer para complementar
nuestro progreso intelectual, moral y material...”.
Durante 1889 se consumará el “entierro
político de Guzmán”, y es el momento cuando aparece una juventud ilustrada, y
políticamente animada que dama por un nuevo estado de cosas. Fue un año de
lucha política continuada al extremo que el presidente Rojas Paúl al engolfarse
en la crisis abandona la atención de otros sectores de la administración, y lo
reconocerá al expresar que la instrucción pública si bien requiere de una
reforma total, otros asuntos han requerido la atención del gobierno y “...no ha
podido como quería, llevar a cabo aquella reforma. Alguno de los Presidentes,
dice, que me suceda será más afortunado en este particular...”. Este deseo de
buena fortuna no tuvo resonancia, y la educación queda como a la espera; otro
es el interés que concentra la atención de los políticos. A partir de este
momento la educación venezolana acentuará su paso vacilante, como lo hace el
cuerpo social venezolano.
En lo cuantitativo su estado se hará
estacionario y al final de la década decreciente; y en lo cualitativo es lánguido,
no obstante las proposiciones de reforma que el presidente Raimundo Andueza
Palacio propone al Congreso, que no tienen la suerte de materializarse, según
revela el propio ministro de Instrucción Eduardo Blanco. No obstante la
situación política imperante, a mediados de aquella última década del siglo XIX
se plantearon ideas renovadoras para la educación y al efecto se convocó un
Congreso Pedagógico en 1895 con una nutrida agenda donde prácticamente se
agotaban los asuntos de mayor interés para la educación, pero en el seno del
mismo se radicalizaron las ideas, especialmente aquéllas relacionadas con la
escuela laica y la enseñanza religiosa, y tales extremos dieron al traste con
la iniciativa del Congreso, la cual no tuvo conclusiones.
En el último quinquenio del siglo XIX un
franco descenso se observa en la educación nacional, no obstante que existían
en el país 4 Universidades con 1.963 alumnos; sin embargo el número de las
escuelas federales había descendido a 928, con una inscripción de 40.000 alumnos
y un promedio de asistencia de 27.340 efectivos; había además 22 colegios
federales y 9 institutos especiales. Esta situación se acentúa hacia abril de
1898 cuando se moviliza el recurso de la guerra, a lo que se une la viruela que
diezma a la población. Triunfante en 1899 la “Revolución Restauradora”, el jefe
de la misma, general Cipriano Castro, se apresta a señalar ante la Asamblea
Constituyente reunida en 1901 que “...el decreto civilizador de 1870 habría
necesitado para dar sus frutos ubérrimos, una larga era de sólida paz y de
acción serena de la vida republicana...”. Pero la paz nunca llega y en 1902 el
presidente Castro expresa al Congreso que el Mensaje que presenta refleja
“...la triste y cansada historia de nuestras luchas intestinas...”. Por su
parte el ministro de Instrucción Tomás Garbiras lamenta entonces que la guerra
le impedía realizar la obra que deseaba.
En 1908, con el arribo del vicepresidente
Juan Vicente Gómez al poder éste designa
a Samuel Darío Maldonado para ocupar el Ministerio de Instrucción, quien al
iniciar una etapa con otras características, pone fin al ciclo guzmancista en
la educación venezolana. Durante este nuevo ciclo que se inicia en 1908 y
concluye en 1935 se realizan esfuerzos dirigidos a la organización de la escuela
graduada, a la conformación definitiva de la educación secundaria, a la
uniformidad del régimen de estudios por la puesta en vigencia de planes y
programas, a la institucionalización del Estado-Docente, a iniciar la educación
pre-escolar, las edificaciones escolares y la extensión universitaria, que son
medidas que perfilan la estructura del actual sistema educativo venezolano.
Estos esfuerzos se procuran dentro de un criterio restringido de expansión
educacional.
En 1936, bajo un clima esperanzador se
inicia un nuevo ciclo en la educación venezolana. Corresponde al presidente
Eleazar López Contreras dar cauce a las nuevas exigencias; y al efecto estas
conforman el llamado “Programa de Febrero” que esboza las directrices para la
acción de gobierno. En materia de educación se proyecta “...la organización de
la educación nacional, con el fin de poner a los diversos grupos de nuestro
pueblo en condiciones de afrontar con suceso la lucha por la vida, y de
nivelarnos con los pueblos más adelantados, es una de las tareas que el gobierno
considera como fundamentales...”. Las escuelas valen lo que valgan los maestros
y en tal virtud es indispensable que el Estado atienda, en primer lugar, a la
formación de los docentes. En este ramo, el plan de gobierno comprenderá: la
lucha contra el analfabetismo; nueva orientación a las escuelas normales;
organización de la educación pre-escolar y de la educación primaria en función
de las necesidades de cada región; escuelas primarias experimentales;
construcción de edificios escolares; divulgación cultural; protección de la
iniciativa privada que tienda a establecer la educación popular;
establecimiento de bibliotecas; educación física, deporte y recreación;
reorganización de la educación secundaria en vista de la formación del carácter
y de la adecuada preparación científica para el ingreso a las universidades y
escuelas técnicas; creación de un Instituto Pedagógico para la preparación del
profesorado medio; creación de institutos técnicos adecuados a las necesidades
de cada región; reorganización de las universidades de Caracas y Mérida, con
inclusión de facultades de Ciencias Económicas y Sociales; estudio de un
sistema que salvaguarde los intereses superiores del Estado y asegure al mismo
tiempo la autonomía de las universidades en lo concerniente a su régimen
interno; creación de un Instituto Politécnico y de un Consejo Nacional de
Investigaciones.
La materialización de estos proyectos se
inició de tal modo, que el presidente Rómulo Gallegos dirá ante el Congreso el
día 29 de abril de 1948, que es “...justicia
reconocer que el régimen político iniciado en el octubre revolucionario
encontró en materia de educación nacional buena obra ya en marcha...” El
presidente Gallegos, como educador que era, llega a la Presidencia de la República
con grandes compromisos para con la educación y promete hacer de ésta, junto
con la sanidad y con el abastecimiento la “...preocupación predominante, una y
trina...” del gobierno porque, decía, las deficiencias en estos aspectos
“...han quebrantado la salud y el vigor de la Nación...”. Durante el trienio
1945-1948 se hicieron esfuerzos importantes para universalizar la educación y
mejorar su calidad, a través de una nueva estructuración del sistema educativo,
en base a la tesis de la escuela unificada, animada por el ministro Luis
Beltrán Prieto Figueroa, que se tradujo en una Ley Orgánica de Educación
aprobada en 1948. Se dictó el estatuto orgánico de las universidades, paso
importante para conformar en el país un subsistema de educación universitaria,
al definir la función universitaria como una en toda la Nación. Lamentablemente
este esfuerzo educacional del trienio no fructificó, pues se fecundaba en medio
de radicalismos conceptuales, que restaron impulso a la obra y menguaron sus
resultados, y al fin un golpe de Estado, a finales de 1948, interrumpió el
proceso iniciado. Como consecuencia de la expansión educacional del trienio,
nuevos docentes sin los títulos correspondientes se incorporaron al magisterio,
lo que obligó a proyectar políticas de profesionalización para mejorar la
calidad del servicio.
Corresponderá al ministro Augusto Mijares
profundizar en la idea y crear al Instituto de Mejoramiento Profesional, junto
con la revista Tricolor creada como recurso didáctico al servicio de la niñez venezolana.
Durante el período que va de noviembre de 1948 a enero de 1958, dos cuestiones
caracterizan la gestión educacional: el plan nacional de edificaciones
escolares, ejecutado dentro de la política de infraestructura física que
impulsaba aquel gobierno, y la apertura de universidades privadas.
El año 1957 concluye con un déficit escolar
desalentador, que el gobierno del presidente Rómulo Betancourt afrontará, de
modo que al verse satisfecha la meta prevista para fines de 1959, el ministro
Rafael Pizani expresa “...ya hemos
logrado ser millonarios en escolares...”. Al observar el proceso evolutivo
del sistema educativo durante estos últimos 25 años, se aprecia en primer
término que el mismo se desenvuelve sobre un escenario político homogéneo, cual
es la plena vigencia del sistema democrático, y que si bien se han alternado en
la dirección política del Estado, partidos políticos de distinto signo
ideológico, la pasión por la educación los ha identificado y los esfuerzos en
este sentido han sido creciente.
La estadística señala que para el año
escolar 1982- 1983, Venezuela tiene en funcionamiento 15.950 planteles (13.997
oficiales y 1.953 privados) con una matrícula de 4.746.037 alumnos (4.077.750
en los planteles públicos y 668.287 en los privados); atendidos por 207.721
docentes (174.073 oficiales y 33.648 privados). El esfuerzo del Estado ha sido
respaldado para el mismo año por un presupuesto legislativo por el orden de Bs.
15.595.000.000. El esfuerzo cuantitativo indicado ha sido acompañado de importantes
reformas cualitativas que se han referido a todos los aspectos del sistema
educativo, pero con limitado rendimiento.
Una nueva Ley Orgánica de Educación,
promulgada en julio de 1980 por el presidente Luis Herrera Campins, contiene
las directrices ordenadoras del sistema.
hola:D
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